(Morón, 07.May.2020 / A1 Noticias) Durante el encuentro se remarcó la importancia de monitorear conjuntamente este proceso para cuidar la seguridad en cada uno de los distritos que integran el Departamento Judicial Morón. Participaron la Fiscal General Interina, Karina Iuzzolino, la Defensora General, Claudia Bonanata, y el Defensor Gral. Adjunto, Gustavo Giachino.

El jefe comunal de Hurlingham, Juanchi Zabaleta explicó que “en el medio de esta pandemia es importante que le llevemos tranquilidad a nuestros vecinos sobre este tema. A partir de estas reuniones con representantes del Poder Judicial podemos informarnos sobre las resoluciones que se están tomando y pusimos a disposición todos los dispositivos municipales de seguridad de cada uno de nuestros municipios para colaborar con el control respectivo sobre cada caso”.

Por su parte, el intendente Lucas Ghi habló de la importancia del encuentro en las circunstancias excepcionales de este fenómeno sanitario, recordando que “ya veníamos de una conversación auspiciosa con la Asociación de Magistrados y vemos como muy positiva la última determinación de la Corte de revisar las instancias que propiciaron este debate en la provincia que tiene que ver con una revisación muy exhaustiva de cada situación”.

En tanto, Gustavo Menéndez afirmó que “fuimos a escuchar la opinión y la mirada que tienen de la aplicación de esos beneficios que otorga la ley donde la justicia se compromete, por supuesto, a cumplir al pie de la letra el nuevo fallo de la corte y revisar minuciosamente caso por caso y poner en conocimiento aquellos que la morigeración proceda”.

El intendente Alberto Descalzo, por su parte, sostuvo que “vinimos a articular entre los departamentos ejecutivos y la justicia solicitando la información correspondiente”. Desde el ministerio público afirmaron que se trabajó para “garantizar la protección, promoción y ejercicio de los derechos de vecinos y vecinas de cada uno de los distritos que integran este departamento judicial”.

Estas instancias son resoluciones estrictas y restringidas que se pueden otorgar exclusivamente a personas que están en los grupos de riesgo, personas acusadas de haber cometido delitos leves y personas que están próximas a cumplir su condena.

Las medidas que se adoptan se encuentran en los marcos de las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, la Comisión Interamericana de DD HH y la ONU, para reducir la propagación del Covid-19 en lugares de encierro y bajo condiciones de hacinamiento, una situación que además de afectar la salud de internos y del personal que trabaja en las cárceles, podría provocar un colapso en el sistema sanitario, perjudicando como consecuencia al conjunto de la sociedad.