(José C. Paz, 07.Nov.2018 / A1 Noticias) El barrio denominado “las 300 casitas” eustá ubicado sobre la Av. Saavedra Lamas, del distrito paceño y lindante con Moreno. Desde la gestión de Carlos Urquiaga al frente del municipio, la construcción de 214 viviendas con destino social fue paralizada y ante la necesidad de la gente, comenzaron a ser ocupadas por familias.

Como la mayoría de los operativos policiales, el lunes a primeras horas de la mañana, cerca de 300 efectivos policiales se establecieron en las cercanías del predio en cuestión. Los ocupantes ilegales sabían de la demanda de desalojo y habían realizado contactos con políticos de la zona para resistir la manda judicial.

Hay que tener en cuenta, que las 214 viviendas sociales, se encuentran sin terminar, aunque ya fueron adjudicadas y durante los cuatro años de la gestión de Carlos Urquiaga, las obras de construcción no se realizaron. Cuando retornó Mario Ishii al distrito, los funcionarios nacionales de Cambiemos se comprometieron a concluir y realizar la entrega de las viviendas, acción que tampoco fue cumplida.

La realidad del conurbano, sobre todo en los distritos del tercer cordón es la gran demanda de viviendas para las familias de menores recursos, y quizás esta haya sido la cuestión que motivó a algún puntero político a aprovecharse de la necesidad de la gente e impulsó la ocupación ilegal con asesoramiento legal.

Esta situación provocó que el jefe comunal Mario Ishii, llegue al lugar para brindar tranquilidad a los adjudicatarios de las casas sin terminar, expresando que “acá nadie se va a quedar de prepo con una vivienda que no sea suya, acá va a actuar la justicia”, ante la mirada atónita de los agentes policiales que nunca cumplieron la orden judicial.

Quizás algún precandidato de Cambiemos, quiera llevar agua hacia su molino, instando a una pelea entre vecinos; de un lado los que ocuparon las viviendas y del otro los verdaderos adjudicatarios –a los que ampara la ley- que sólo esperan desde hace mucho tiempo que los funcionarios cumplan con los compromisos asumidos. Es decir completen la obra y entreguen las llaves de posesión de las casas.

Varias preguntas quedan en el medio, ¿Cuál es el objetivo del concejal Ezequiel Pazos (Cambiemos) que mediante operaciones de prensa, ataca la gestión de Ishii? ¿Por qué el titular de la Jefatura Departamental Comisario Guillén, no cumplió la orden de la UFI 23? ¿Quiénes autorizaron a que los ocupantes “desalojen de manera voluntaria el predio en los próximos cinco días”?

La realidad afirma que hay 214 familias a los que se les adjudicó una vivienda y no pueden utilizar ese bien tan preciado; mientras en las redes sociales, militantes de distintos partidos políticos se acusan de ser los culpables. Mientras tanto, cuando llega la noche bandas armadas se tirotean en un intento de defender el espacio tomado, o quizás de defender algún negocio hecho a espaldas de la gente. FUENTE: Noroeste del Conurbano.