(Quilmes / A1 NOTICIAS) En las últimas horas se conoció el oficio remitido por el juez Armella por el que comunicó que en caso de no acatar lo resuelto se sancionará con multas a los funcionarios responsables, “con el objetivo primordial de controlar el avance de las mismas y, principalmente, el aseguramiento y compromiso de los fondos asignados para todas las obras”. De las reuniones participarán funcionarios de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y de la empresa AYSA, con el objetivo de verificar el aseguramiento de los fondos para cumplir las obras de saneamiento.

En cada reunión se deberá presentar un informe mensual a fin de “controlar y verificar los progresos de las obras y los pagos o desembolsos de las mismas, para asegurar su continuidad”. Será obligación de AYSA, notificar el programa de obras adjuntando un detalle de las obras ejecutadas, habilitadas, contratadas a iniciar, licitadas o a licitar y las que se difieren para ejercicios futuros. A este informa se deberán agregar planos de ubicación de las obras y cualquier información para el seguimiento y adecuado control del cumplimiento. La próxima reunión se realizará el 12 de abril, a las 17, también en la sede del Ministerio de Planificación.

El juzgado a cargo de Armella fiscalizará las acciones que lleve adelante el Estado nacional y que se financian con créditos otorgados por el Banco Mundial. De esta manera se cumplirá con el mandato de la Corte en la causa “Mendoza”, donde ordenó la implementación de políticas públicas concretas en materia ambiental y fijó plazos para realizarlas y sanciones en caso de incumplimiento.

Por medio de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y AYSA, la obra de saneamiento se complementará con la construcción del camino de sirga o de la Ribera. Con un plazo de ejecución de 330 días los profesionales de la UBA resolverán la problemática de los cruces ferroviarios, puentes viales, unificación de mobiliario y transporte público y particular, entre otros.

La cuenca del río Matanza Riachuelo, abarca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras y es la más contaminada de la Argentina.

Por Ley 26168 se creó la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, el que dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

El recién designado director de Asuntos Jurídicos en ACUMAR es Alberto Daniel García, que ha dido impugnado por el legislador Héctor Piemonte (UCR) por estar vinculado “por el escándalo del caso Greco, en el que la Justicia investiga una maniobra por la cual el Ministerio de Economía estuvo a punto de pagar en el 2006 una deuda de 500 millones de pesos, que se encontraba sospechada de ser ilícita".

Piemonte sostiene que la designación de este funcionario en ACUMAR "los antecedentes y el tiempo político que requiere de las instituciones de la República, exige de las instituciones y de los funcionarios que las integran respuestas efectivas y transparentes hacia la ciudadanía que entendemos en este caso no se cumplen".