(A1 NOTICIAS) El órgano judicial en cuestión (Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores) ordenó revisar el fallo emitido por el Juez de Garantías Gastón Giles donde se lo sobreseyó provisoriamente a Porreti en la causa por extorsión que provocó su destitución como Intendente de Pinamar. Los jueces Eduardo Campo, Claudio Colombo y José Luis Macchi, confirmaron el procesamiento de Porreti y de Aldo Leonián (Secretario de Gobierno de ese municipio) bajo los cargos de extorsión, lo que los ubica en situación de llegar a juicio oral por un supuesto pedido de coimas a empresarios de un local nocturno en febrero de 2008. Horas antes de recibir esta noticia en su bunker político, el ex intendente había logrado ser recibido por el gobernador Scioli, obteniendo un importante respaldo cuando mantuvo un encuentro informal en el despacho de la ciudad de La Plata.
Voceros de Porretti, denunciaron en los medios de Pinamar que esta situación “es parte de una campaña sucia”; que apelarán la medida -lo que no le impediría ser candidato, ya que no hay sentencia firme- y que sabían que iba a ocurrir porque había sido amenazado al respecto. “Es increíble que respondan con tanta rapidez, manejan la Justicia, manejan todo", en alusión a "los poderosos que manejan Pinamar desde hace veinte años y tienen negocios con los que manejaron el gobierno durante esos años", declaraciones dirigidas a Blas Altieri, candidato del MUPP, quien fue intendente de este distrito durante mucho tiempo. Toda esta situación, desembocó en que los ciudadanos de Pinamar deberán elegir el próximo 28 de marzo al jefe comunal para completar el mandato de cuatro años, luego de la destitución de Porretti. En la actualidad está a cargo del ejecutivo el primer concejal Rafael De Vito, y Porretti había logrado que el Partido Justicialista bonaerense apoyara su candidatura, pese a que Scioli había expresado públicamente que “el mejor candidato para Pinamar es el vecinalista Blas Altieri”. En las pasadas elecciones del 28 de junio, el hoy procesado había conseguido alzarse con un triunfo lo que lo ubicaba como Concejal, banca que actualmente ocupa en el Concejo Deliberante de Pinamar. La medida judicial de este nuevo fallo está en sintonía con la postura fijada anteriormente por la Cámara de Apelaciones y, toman como elemento importantísimo y probatorio el video grabado con una cámara oculta en el que Porretti y su secretario de Gobierno, Aldo Leonián, dan a entender con sus dichos el pedido de una supuesta coima a los empresarios. Recordemos que Porretti es un profesor de las escuelas secundarias de Pinamar oriundo de la zona norte del Gran Buenos Aires y luego de ser concejal asumió el cargo de intendente en diciembre de 2007, en nombre del Frente para la Victoria (FpV) y a mediados de febrero del 2008 afrontó la denuncia por extorsión que incluso lo llevó a estar detenido durante casi un mes en una comisaría de General Belgrano. El Concejo Deliberante resolvió destituirlo a partir de aquellos hechos en una controvertida sesión especial y designó en su lugar a quien fue su primer concejal y presidente del legislativo, Rafael De Vito. En los 60 días que se mantuvo el conflicto político – judicial, Porretti llegó a estar prófugo, se dictaron órdenes de captura y se convirtió en uno de los personajes más buscados por la policía bonaerense. El paradero de Porretti era un misterio y más de un centenar de efectivos lo buscó en su casa, en el Municipio y en baúles, cajas y habitáculos de cada auto que salía de Pinamar, pero no lograba ubicarlo, el culebrón continuó con distintas versiones entre sus voceros y sus abogados, quienes estaban divididos y tenían distintas posturas para salvar al jefe comunal. Los rumores circulantes indicaron que el intendente suspendido estaba negociando su entrega mientras sus allegados esperaban para que los planteos que hicieron ante el Tribunal de Casación bonaerense frenará la detención. La denuncia fue presentada por los empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, del complejo bailable Ku-El Alma, quienes acusaron a Porretti y Leonián, de intentar cobrarles 400 mil pesos para no clausurar la disco. Como prueba presentaron un video donde se ven tres reuniones, y con este elemento la fiscal María Fernanda Haschman pidió la captura de los dos funcionarios pinamarenses el 11 de febrero del 2008.