(Moreno- A1 NOTICIAS) La titular de la empresa “Granja Oeste”, proveedora del Servicio Alimentario Escolar (SAE), denunció que le exigieron el 10 % de su facturación como aporte para la campaña política del diputado West. Hace unos días Adriana Patricia Desirello, la empresaria en cuestión realizó una denuncia ante algunos medios de comunicación, donde aseguró que "no soy más proveedora del Consejo Escolar por no aceptar el pago del 10 % de coima". Desirello, titular de una pequeña empresa familiar tenía a su cargo la distribución de carnes, pollos, frutas y verduras en 5 zonas de establecimientos educativos de Moreno. Con una trayectoria de más de 15 años en el rubro, este servicio lo venía cumpliendo a través de una licitación, que ganó en el mes de febrero.

Los dichos de Desirello son los siguientes: "Los primeros días de abril soy convocada por Patricia Giovagnola (Consejera Esc. a cargo del SAE), a su oficina y me dice que soy una excelente proveedora, que la empresa estaba cumpliendo bien con el servicio a las escuelas, pero que había un pequeño problema. El problemita era que yo tenía que darles el 10% de mi facturación para seguir siendo una buena proveedora. Me quedé helada, porque jamás tuve que pagar para trabajar. El contrato señalaba que yo tenía que  llevar las mercaderías a los colegios y que el Consejo Escolar me tenía que pagar por ella, simplemente eso”. En la denuncia pública también menciona al Consejero Gabriel del Río (responsable del área de infraestructura) y a un abogado. Luego de otras reuniones, Desirello llega "a la oficina y estaba el abogado del Consejo Escolar, su nombre es Mauricio Carnevale. Él me dice que tengo que presentar la renuncia a la prestación del servicio en todas las zonas. Yo tenía una zona de provisión de carnes y cuatro de frutas y verduras. Yo le digo que no, que no hay razones para que renuncie porque no hay ningún problema como proveedora. Me dice que si no renunció no me iban a pagar todo lo que me debían”. Allí, según los dichos de la ex proveedora se entera que el aporte, era “para la campaña política de Mariano West”. Luego de esta situación, y por miedo a no cobrar la deuda "firmé las renuncias, me debían cinco meses. Diciembre, enero, febrero, marzo y lo que ya había transcurrido de abril. Después de las firmas, comenzamos a cobrar”. Al preguntarle por que esperó tanto tiempo para realizar las denuncias, ya que esta situación se desencadenó el 22 de abril, sostiene que "esa plata que me debían, era dinero de mi familia y yo no podía jugar con eso, yo me subo al camión y hago el reparto. No me quedo sentada en una oficina como dueña de la empresa. En todos los colegios me conocen, porque he ido los días de reparto. Si fuese verdad que entregué mercadería en mal estado, la responsable del SAE me tendría que haber echado, no hacerme “apretar” con un abogado para que firme las renuncias”. Quien habló en repuesta a este hecho fue Gabriel del Río, uno de los denunciados, quien desmintió "totalmente y me parece una barbaridad, ni siquiera tengo relación con el SAE, estoy a cargo del área de infraestructura, salvo en casos muy puntuales intervengo en algo como parte del Consejo”. Cree que esto tiene una connotación política sin mencionar a nadie ya que "seguramente a alguien le molesta nuestro rol de defensa de los intereses de la comunidad educativa y debemos estar estorbando, realmente estoy sorprendido”. Los sectores políticos de Moreno se convulsionaron a partir de conocer esta situación, pero en las últimas horas trascendió que desde hace dos meses existiría en poder de un alto funcionario de la municipalidad una denuncia por "la mercadería que llega a las escuelas sin pasar por los controles de bromatología". El Subsecretario de Inspecciones Técnicas, Oscar Siburu, aseguró que “recibimos un requerimiento de la responsable del SAE y ante la consulta se le remite un informe a través del cual se determina que el sello que muestra la boleta no existe. No corresponde a los que se utilizan este año ni a los que se usaron el año pasado. Con lo cual se podría decir que los sellos de control bromatológico serían apócrifos", sostiene el funcionario. Denuncias cruzadas, un nuevo escándalo, peleas por el control político. En los discursos de campaña, la mayoría de los candidatos habla del "futuro de nuestros hijos", ahora están "negociando" con los alimentos que en algunos casos se trasforman en la única comida que ingieren "esos pibes". Patricia Desirello, contra algunos pronósticos acudió a realizar la denuncia ante la Justicia, también trascendió que las autoridades del Consejo Escolar habrían hecho otra presentación legal. Para finalizar queda retumbando en los pasillos una frase:  “No tenemos que pagar un 10 % para poder trabajar, nos quedamos afuera por no pagar una coima, un dinero para una campaña política", lo sostuvo la empresaria en la denuncia presentada. No sólo los denunciados tienen la palabra, los empresarios y la clase política deben dar alguna explicación sobre que les van a dar de comer a "esos pibes" hasta que falle la justicia. (A1 NOTICIAS)