(Especial para A1 NOTICIAS) La concejal Griselda Saisi presidió la importante sesión, y en la previa algunos concejales tuvieron que dormir con la custodia policial en su puerta dado los graves antecedentes que tenían por haber votado en contra del intendente. A Liliana Scoponi la interceptaron el fin de semana y la apretaron para que cambie su voto, “sabemos que tenes una hija”, le dijeron. Similar situación vivió Alejandra Ferrari, hasta hace poco tiempo del bloque oficialista.

La decisión de los concejales será la siguiente: suspensión por sesenta días, plazo en la que seguramente Coronel apelará judicialmente la medida.

Sin embargo, quien lo sucederá, el actual concejal Juan Pablo Anghileri, dispondrá una drástica reforma interna, exigiendo la renuncia a todo el gabinete municipal y anunció que “abriremos todas las oficinas públicas para que los concejales puedan investigar en profundidad y determinar si existen más irregularidades".

El concejal Héctor Gómez del Acuerdo Cívico y Social, luego de una larga exposición calificó como una acción “deleznable para un funcionario” la utilización de un título universitario inexistente y por lo que “percibía un 20 % por estudios superiores y el 10 % como retribución técnica”; lo que desemboca en “usurpación” y “enriquecimiento indebido e ilícito, que está fuera de la moral y las buenas costumbres, lo que determina una imputación de enriquecimiento sin causa, o sea ilícito”. Se anexa al expediente el informe enviado por la Universidad de Belgrano donde se contesta que el imputado egresó el 30 de noviembre de 1990 en una carrera que no otorga título universitario, sino que realizó un curso corto de capacitación.

Los casos Ghirardi y Graña que presentan denuncias parecidas, y se fundamentan en el descuento de Coronel a los mencionados para un fondo monetario del Partido Justicialista. Nunca los denunciantes firmaron su aprobación y cuando fueron a reclamar, el ahora separado del cargo, les contestó “y como quieren que haga política, sin plata”. La imputación de la mayoría del cuerpo legislativo determinó que es “un cobro indebido por el intendente”.

Mientras esto ocurría en el recinto en los alrededores del Concejo Deliberante, se podían observar una gran cantidad de policías, muy poca gente, no más de 50 personas. Los uniformados garantizaron la seguridad para que se efectúe la sesión extraordinaria.

Durante la mañana los concejales recibieron una Carta Documento que decía: “Atento a lo que el accionar responde a una irregularidad administrativa, y en cumplimiento de los deberes, que de materializarse una interrupción a mi mandato que cumplo con el voto popular”. Y culmina con un párrafo de tono amenazante: ”Consideraré personalmente responsables por los daños y perjuicios a mi persona, excediéndose en el uso de las facultades” y al final firma como intendente municipal, aunque no agrega el título cuestionado.