(Colón, 26.Jun.2020 / A1 Noticias) La campaña se creó en 2013, en reconocimiento de la necesidad de cambiar las leyes y políticas que impiden el acceso a las intervenciones de reducción de daños, y promover el acceso a la salud y el respeto de los derechos humanos de las personas que usan drogas. 

La Federación Mundial de Salud Mental reconoce la importancia que la OMS está otorgando a los temas relacionados con la salud mental, pero no debemos desconocer que, en la actualidad, en la mayoría de los países, no se está respetando el derecho de acceso a los servicios de salud mental a la mayoría de las personas con consumo problemático de drogas.  

La Federación Mundial de Salud mental considera firmemente que las adicciones deben formar parte de las políticas públicas de salud mental sin ningún tipo de diferenciación con otros padecimientos orgánicos o mentales. 

Coincidimos con la OMS cuando afirma que “la cobertura de tratamiento para los padecimientos por consumo de sustancias es inadecuada”, pero estamos observando que, en la mayoría de los países, las políticas de salud mental no incluyen en sus programas abordajes para las personas con problemáticas causadas por consumo de drogas, obligándolas a tener que recurrir a programas ofrecidos por instituciones que funcionan fuera del sistema de salud, y que muchas veces no cumplen con los más mínimos criterios terapéuticos y principios éticos. 

Si bien está claro que los problemas de adicciones son un tema de salud, en la práctica, estas personas están siendo expulsadas sistemáticamente de los hospitales generales y centros de salud, públicos y privados, especialmente cuando necesitan ser internadas.  

Este tipo de situaciones se producen porque en el imaginario social (de los miembros de la comunidad profesional, de muchos integrantes de los gobiernos, y de la sociedad en general) existe la certeza de que las personas que usan drogas son criminales, violentos y marginales, y por eso no merecen el mismo trato que el resto de la sociedad.  

Esto se produce como resultado de la creciente persecución y criminalización que sufren esas personas como consecuencia de las leyes vigentes en muchos países que penalizan al usuario de drogas. Estas leyes no solo no han logrado que disminuya el consumo, sino que han generado la estigmatización y la expulsión de los usuarios de drogas del sistema de salud. 

En este contexto, pedimos los gobiernos de todo el mundo modifiquen las leyes que penalizan el consumo de sustancias y que establezcan políticas públicas de salud mental que incluya a las adicciones junto al resto de los padecimientos mentales, respetando el derecho a acceder al sistema de salud a las personas que tienen problemas por consumo de drogas, incluyendo abordajes comunitarios y territoriales éticos, con perspectiva de derechos, interdisciplinarios, y, fundamentalmente, con internaciones en hospitales generales, fuera de instituciones que tengan como abordaje principal el encierro y no implemente prácticas aceptadas por la comunidad científica internacional.