(Merlo, 30.Ago.2019 / A1 Noticias) Las pruebas colectadas durante el allanamiento serán peritadas por la División de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, según los dispuso la Justicia Federal en el marco de una causa donde se lo investiga por instigar públicamente a cometer delitos. La medida fue impulsada por el Fiscal Electoral Jorge Di Lello.

Esta decisión fue adoptada luego de que el Fiscal Federal Electoral, Jorge Di Lello promoviera la acción penal en su contra por el hecho que se le imputa, delito, que está previsto en el artículo 209 del Código Penal y que contempla una pena de dos a seis años de prisión para su autor. Se intenta probar de manera fehaciente, que el ex intendente de Merlo, publicitó mediante videos publicados en su propio perfil de Facebook, que “incita a la ciudadanía a destruir una boleta de las elecciones PASO, que está identificado como documento público”.

La causa presenta una arista que provocó un repudio generalizado de las organizaciones de Derechos Humanos, ya que su abogado es el hijo de un famoso genocida y actual defensor de represores que actuaron durante la última dictadura militar. Designó como letrado a Ricardo Saint Jean, hijo del tristemente célebre general del Ejército, Ibérico Saint Jean, quién actuó como interventor de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívica – militar de Jorge Rafael Videla.

Saint Jean fue quién designó al frente de la Policía Bonaerense al general Ramón Camps, quién creó y dirigió personalmente numerosos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante su gestión; falleciendo en la cárcel en el 2012, a la espera del juicio oral y público, siendo su defensa ejercida, por su hijo Ricardo, quién además de patrocinar y representar a Othacehé, y continúa defendiendo a infinidad de militares implicados en la comisión de crímenes, torturas y otros delitos de lesa humanidad.

Othacehé cuenta como antecedente denuncias e investigaciones impulsadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, el Servicio para la Paz y la Justicia (SERPAJ) del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Poder Ciudadano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos.

En un intento de volver a la arena política luego de la derrota electoral en las primarias del 2015, rodeado de un puñado de familiares y pocos amigos, el ex barón del conurbano ha comenzado a tener sus primeros contratiempos serios con la justicia, de los que siempre se jactó de carecer, quizás por el empleo de algunas influencias que obviamente hoy ya no tiene. Según fuentes judiciales, existirían otras causas en trámite que podrían complicar aún más la cada vez peor situación procesal del ex mandatario merlense.